Bitácora del director

Pascal Beltrán del Río 
 

Moreira, una excepción

A reserva de que se pruebe la culpabilidad o inocencia de Humberto Moreira mediante un debido proceso —llama la atención que para muchos en México la presunción de inocencia depende de cómo les cae el implicado—, la bajísima cifra de funcionarios llevados ante la justicia evidencia una de dos cosas: o éste es un país impoluto o es uno donde reina la impunidad.
En el último cuarto de siglo, unas 150 personas han detentado el cargo de gobernador constitucional o interino.



¿Sabe cuántos exmandatarios estatales están hoy en reclusión? Cuatro, incluyendo a Moreira.
En 25 años, ¿sabe cuántos han pisado una cárcel, más allá del resultado final de su proceso?
Solamente los siguientes: Óscar Espinosa (último regente del DF), Pablo Salazar, Narciso Agúndez, Mario Villanueva, Andrés Granier, Armando Reynoso, Jesús Reyna y, ahora, Humberto Moreira.
Podemos agregar en el grupo a los exgobernadores procesados a Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Jorge Torres López, de Coahuila, actualmente prófugos de la justicia.
Es decir, la lista de quienes han sido mandatarios estatales en México desde 1990 y han enfrentado algún tipo de consecuencia penal no suma más de diez personas, menos de siete por ciento.
Insisto que eso quiere decir una de dos cosas: que 93% de los gobernadores han dejado su cargo sin haber violado la ley… o bien, que hay un número de exgobernadores que nunca enfrentaron las consecuencias de sus actos.
En ese mismo lapso más de 15 mil personas que han ocupado el cargo de presidente municipal. Y quizá 100 mil hayan sido regidores; unos ocho mil, diputados locales, y más de cuatro mil, legisladores federales.
En esos cargos, los porcentajes de quienes han enfrentado a la justicia por cargos como corrupción o uso indebido de atribuciones es aún menor.
Por eso, la lucha contra la corrupción en México ha sido técnicamente una farsa.
Hemos avanzado mucho, sin duda, en el descubrimiento de los casos de malos manejos de los recursos públicos. Varios de los que se han conocido en años recientes habrían sido tapados por la red de las complicidades en los años del autoritarismo.
Sin embargo, la corrupción y otros delitos cometidos en el poder —como la complicidad con el narcotráfico— no desaparecerán mientras los políticos no queden convencidos de que sus acciones ilegales recibirán un castigo proporcional al daño cometido.
Como están las cosas, un cínico diría que Estados Unidos es un país con una clase política más corrupta que la de México, por el gran número de funcionarios y representantes que han sido sentenciados en el lapso mencionado.
Los gobernadores de Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Guam, Illinois, Luisiana, Missouri, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Virginia, Virginia Occidental y los vicegobernadores de Carolina de Norte, Vermont y las Islas Marianas han sido declarados culpables o aceptaron su responsabilidad en la comisión de distintos delitos.
Actualmente, el gobernador de Oregon, John Kitzhaber, está bajo investigación luego de haber renunciado al cargo el año pasado, cuando acababa de iniciarse su cuarto periodo consecutivo.
La lista de políticos sentenciados en Estados Unidos por haber violado la ley incluye a alcaldes prominentes, como el de la capital del país y de ciudades como Detroit, San Diego, Nueva Orleans, Baltimore y Orlando; secretarios de gabinetes estatales, y legisladores locales y federales, incluyendo los líderes de asambleas estatales.
¿Eso quiere decir que Estados Unidos es un país más corrupto que México o, más bien, que los delitos cometidos por servidores públicos tienen mayores consecuencias allá que las que tienen acá?
Sin prejuzgar la responsabilidad de Moreira en los delitos por los que está acusado en España, llama la atención que los dos exgobernadores prófugos se hayan convertido en blanco de la justicia luego de cargos formulados en Estados Unidos, y que ahora Moreira haya sido detenido… en España.
Los datos refuerzan la convicción de que ser político en México es, casi sin excepciones, una patente de corso para abusar del poder y saquear las finanzas públicas.